El pasado mes de enero, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció que el Gobierno invertirá 36 millones en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo hasta el año 2020, cuando finaliza su aplicación.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2015 tras consensuarse entre la Administración General del Estado, comunidades autónomas y los interlocutores sociales que se consideran mayoritarios. La Estrategia es el marco de referencia de las políticas públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo y orienta las actuaciones de las administraciones públicas en la materia hasta el año 2020, año en que debe ser renovada. Establece los objetivos generales en prevención de riesgos, que en este caso son la promoción de una mejor aplicación de la legislación vigente y el favorecimiento de la mejora continua de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores por igual, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales.
La Ministra de Empleo ha recordado que en las próximas semanas el Gobierno abrirá la mesa de negociación con los interlocutores sociales para hablar de la prevención de riesgos laborales, el descenso de la siniestralidad laboral y el papel de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Desde USO denunciamos que también en este ámbito hemos sido excluidos de las negociaciones y en ningún momento se nos ha dado la oportunidad de participar o aportar ideas, pese al gran trabajo que se está llevando a cabo en nuestro sindicato en esta materia. Tanto a nivel formativo con nuestros delegados y delegadas, como en la elaboración de documentación, aportaciones y propuestas en materia legislativa y un largo etcétera de actuaciones, desde la USO llevamos a cabo un intenso trabajo con el objetivo y la ilusión de mejorar las condiciones de seguridad y salud.
Una vez más se hace patente la necesidad de democratizar el marco sindical, para que puedan tener voz organizaciones con un bagaje y una representatividad como la nuestra en algo tan importante como la negociación institucional en materia de prevención de riesgos laborales.
En todo caso, desde nuestro sindicato seguiremos promoviendo el reconocimiento de las enfermedades profesionales, denunciando el ocultamiento generalizado que existe dado que se consideran contingencia común, y defendiendo los derechos de los colectivos de trabajadoras y trabajadores más precarios como son aquellos con contrato temporal.
¿Más empleo a costa de qué?
Mientras el Gobierno presume del aumento del empleo en los últimos meses, a nosotros nos preocupa que la precariedad del empleo creado sea la causa del incremento de la siniestralidad total que venimos observando.
En el último avance estadístico del MEYSS sobre accidentes laborales se anuncia que se han registrado 514.622 accidentes de trabajo con baja en el periodo enero-noviembre de 2016, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, un total de 514.622 fueron accidentes con baja, de los cuales 444.906 ocurrieron durante la jornada laboral y 69.716 fueron In Itinere. Asimismo, se notificaron 678.342 accidentes sin baja, que aumentan también, concretamente, un 2,5% con respecto al periodo anterior.
No sólo suben los accidentes en términos absolutos, lo cual se podría achacar al aumento del empleo sino que también se incrementa el índice de incidencia, que es la ratio de accidentes en jornada con baja dividida entre el número de afiliados a la Seguridad Social, que sube un 3,9% ascendiendo a 278,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores. Esto indica que, efectivamente, a día de hoy ir a trabajar tiene más riesgos que hace un año.
Afortunadamente si que bajan los accidentes mortales produciéndose 562 durante este periodo, 3 muertes menos que en el mismo periodo del año pasado.