El economista
Mientras el Pacto de Toledo escucha intervenciones de expertos en el Congreso y el déficit de la Seguridad Social toca los 19.000 millones de euros, la factura mensual de las pensiones crece sin cesar.
Este mes de marzo, el sistema desembolsará 8.648 millones para abonar los 9,4 millones de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, a favor de familiares o discapacidad, cantidad a la que hay que sumar otros 994 millones dedicados a Clases Pasivas, el régimen por el que se rigen hasta 623.000 antiguos funcionarios civiles del Estado.
Los casi 10.000 millones que se abonan todos los meses suponen casi un 60% más de lo que las Administraciones gastaban hace solo una década. En 2007, antes del estallido de la crisis y con una tasa de paro en torno al 8%, el coste mensual de las pensiones era de poco más de 6.300 millones al año al incluir las contributivas, a cargo de la Seguridad Social, y las de Clases Pasivas, reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Diferencia anual
Anualmente hablamos de una gran diferencia. Al término de 2017, el Estado habrá dedicado unos 120.000 millones a satisfacer los derechos de más de diez millones de pensionistas. Hace solo 10 años, el coste, con un 1,2 millones menos de beneficiarios, fue de 75.600 millones, un 58% menos.
Pero, ¿qué ha sucedido para que el gasto se haya incrementado de esa manera tan abrupta frente a un aumento del número de pensiones mucho menor, del 17% en este periodo? Las causas son múltiples, si bien la que más ha influido, según los expertos, es la progresiva mejora de las condiciones en que se jubilan los recien retirados, protagonistas de la mitad del sistema. Hace escasas fechas, y en el seno de ese Pacto de Toledo, la ministra de Empleo Fátima Báñez recordaba que la tasa de cobertura (que pone en relación lo que percibe un jubilado respecto a sus últimos salarios como trabajador) supera en nuestro país el 80%, una de las más generosas de la UE.
Otro factor que indudablemente ha tenido que ver ha sido el de la revalorización anual marcada por los distintos gobiernos. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó aumentos anuales superiores al 2,5% hasta 2010, cuando congeló la partida. Y el del PP, en el poder desde finales de 2011, ha aprobado revalorizaciones mucho más tímidas, del 0,25%, pero en cualquier caso superiores a la media de la inflación en el periodo 2014-2016.
Por último, los factores demográficos, el aumento de la esperanza de vida (1,5 millones de pensiones se abonan a personas mayores de 85 años, algo impensable hace unas décadas) y las jubilaciones forzosas a consecuencia de la crisis han contribuido enormemente al notable avance de la factura.